Hace poco aparecía en prensa como
noticia llamativa que El Salvador iba a incluir a los partidos políticos en la
Ley contra el lavado de activos.
A cualquier persona, aún sin
conocer la materia desde el punto de vista legal, le puede chocar que los
gobiernos se permitan plantearse si los políticos tienen que estar o no dentro
del ámbito de aplicación de las normativas sobre prevención del blanqueo de
capitales.
Como si los políticos fueran todos
precisamente unos santos y nunca se dedicaran a blanquear dinero…
Si curioseamos en la normativa
española, podemos comprobar con sonrojo y estupor, que el ámbito de aplicación
de la Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de
la Financiación del Terrorismo (LPBC), no menciona en ninguna parte a los
políticos ni a los partidos políticos.
Menciona, eso sí, a una larga
lista de entidades, empresas y profesionales: nos menciona a los abogados,
menciona a asesores fiscales, notarios, promotoras, inmobiliarias, negocios de
cambio de dinero, de transporte del mismo, joyerías, locutorios, procuradores,
aseguradoras, bancos, servicios postales, prestamistas, contables, casinos,
loteros, fundaciones, asociaciones…
¿Pero qué hay de las medidas
reforzadas de diligencia debida que se han de tomar en el caso de los PEPs?
Pues no hay nada, porque a los
señores políticos españoles no les afecta. El artículo 14 de la LPBC, que se refiere
a las personas con responsabilidad pública, bien que se cuida de decir que sólo
se considerarán como tal a:
Aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones
públicas importantes en otros Estados
miembros de la Unión Europea o en
terceros países…
Has leído bien, sí: la norma sólo
alcanza a los políticos extranjeros, pero no a los nacionales.
Pero, Vanesa, eso no puede ser: seguro
que el nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo va a cambiar esto…
Ja.
Que os lo habéis creído.
Pues no: no está previsto ningún
cambio al respecto en el borrador de Proyecto de Reglamento.
Francamente, no sé qué esperabais
en un país donde los políticos son todos unos sinvergüenzas. Sería de tontos
incluir normas, que ellos mismos votan y aprueban, que les perjudicaran…
Pobrecillos políticos, claro. Ni
que ellos fueran por ahí blanqueando dinero, vamos…
Que no, hombre, que no.
