Hace unos días publicó el SEPBLAC en su web
la Memoria del año 2012.
Puedes leerla tal y como se ha publicado en
este enlace de la referida web:
Resumo a continuación, las cuestiones que me
han llamado la atención en la Memoria:
1º. En 3.058 cifra el SEPBLAC el número de
asuntos abiertos en 2012 por Blanqueo de Capitales.
2º. Bancos y Cajas de Ahorro son claramente
la principal fuente de comunicaciones al SEPBLAC y expedientes de prevención de
blanqueo.
3º. Acusa el SEPBLAC un descenso importante
de comunicaciones por parte de los sujetos obligados comprendidos en los
apartados j) a y), del artículo 2.1 LPBC, entre los que se encuentran
profesionales como los abogados, procuradores, asesores fiscales,
administradores de fincas, promotores inmobiliarias, inmobiliarias, etc…
4º. Veinticinco han sido el total de asuntos
notificados en 2012 al SEPBLAC por parte de abogados. Poquísimo, ¿verdad? Y tan
solo 8 por parte de Asesores fiscales…
5º. Notarios y registradores son, en
proporción, y por ese orden, los que más comunican operaciones sospechosas,
aunque las cifras anuales son también bastante bajas.
6º. Aumenta en 2012 el número de sujetos
obligados registrados ante el SEPBLAC, en especial de los comprendidos entre
las letras j) a y) del artículo antes
citado.
7º. El SEPBLAC ha recogido en su Memoria, dos
“casos prácticos”, que son un relato de dos procesos reales de expedientes de
prevención de blanqueo de capitales tramitados en el Servicio Ejecutivo.
Original idea la de incluir batallitas en la Memoria 2012, para que tomemos
nota y sepamos cómo funcionan estas cosas.
8º.
Por último, hay un apartado dedicado al desarrollo tecnológico y en concreto al
fichero de titularidades financieras. Con este fichero se pretende dar más
eficacia a la identificación y localización de activos en poder de las
organizaciones criminales, mejorando la capacidad de análisis e investigación
de las estructuras financieras de dichas organizaciones. No obstante, el
fichero aún no está operativo y el SEPBLAC está trabajando en su constitución.
La idea es poder acudir a un “registro” oficial que facilite la búsqueda de
productos y contratos bancarios en los que intervenga cualquier persona o
sociedad.
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